Colombia: las negociaciones de paz, un rayo de esperanza para los refugiados
21 septiembre 2012

Un desplazado de Colombia en Panamá (Laurent Labrique / JRS)
Contrariamente a la creencia popular, el conflicto en Colombia no ha terminado y algunas poblaciones todavía están en riesgo de violaciones de derechos humanos fundamentales.
Bogotá, 21 de septiembre de 2012 – Una brisa de esperanza empieza a sentirse en Colombia después de décadas de confrontación entre los diferentes grupos armados. Durante 15 años, las víctimas del desplazamiento por el conflicto colombiano han anhelado volver a la patria que se vieron obligados a abandonar. Con el inicio de las conversaciones de paz entre el grupo guerrillero de izquierda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el gobierno esa esperanza finalmente podría convertirse en realidad.

Cuando le preguntamos a una mujer refugiada colombiana en Venezuela qué significaba "patria" para ella, se quedó sin aliento, cerró los párpados tratando de contener las lágrimas que resbalaban por su rostro, y no dijo nada. Seguro que ahora, ella y otros muchos expulsados de Colombia se preguntan si su patria, la misma que no protegió sus derechos humanos, ha cambiado realmente.

En términos más generales, ¿cómo la reciente decisión gubernamental de iniciar conversaciones de paz afectará a los 460.000 colombianos desplazados por la fuerza que  viven fuera del país, algunos como refugiados reconocidos o solicitantes de asilo, los demás en un limbo legal, pero necesitados de protección internacional?

Una guerra alimentada por factores internos y externos. A lo largo de los últimos 50 años, la violencia en Colombia, que  ha causado el mayor número de desplazados internos del hemisferio occidental, ha sido azuzado por una serie de factores internos y externos. Internamente, por los intereses por la tierra por la que compiten las autocracias regionales y por el impulso violento de algunas facciones de poderosos grupos armados.

Externamente, el negocio del narcotráfico y las tensiones entre EE.UU. y las potencias emergentes de América Latina han desempeñado un papel crucial en la perpetuación de los conflictos. Además, los patrones cambiantes del comercio internacional han hecho que el control de la tierra en Colombia, especialmente en las regiones fronterizas, determine el acceso a las oportunidades económicas en los sectores tanto legales como ilegales.

Más que la paz, lo que da aliento en este momento es el fin del conflicto armado. Las negociaciones de paz permitirán el avance de amplios debates en el interior del país sobre los factores estructurales que subyacen a la violencia y la necesidad de incluir las diversas posiciones sin temor a ser criminalizados como en el pasado.

Mientras la guerra continúe, reforzando la idea de un estado de emergencia, muchas decisiones políticas sobre el futuro de Colombia seguirán siendo tomadas sin las consultas necesarias y sin el respeto por los derechos individuales. La pregunta sin respuesta es: ¿qué tipo de país se está construyendo bajo la ilusión de la guerra contra el terrorismo?

Una iniciativa presidencial. Desde la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos, su nueva administración ha tratado de rehacer las relaciones diplomáticas con los países vecinos, en particular Venezuela y Ecuador, frente a las vociferadas posturas agresivas del gobierno colombiano entre 2002 y 2010.

Este proceso se inició con la mejora de las relaciones comerciales después de que Venezuela comenzó a pagar las deudas a los exportadores colombianos. Las discusiones posteriores se trasladaron a las políticas fronterizas, la cooperación militar, entre otras. Por último, las cuestiones relacionadas con la migración entran en el orden del día de estas reuniones bilaterales.

Inicialmente, Ecuador eliminó el requisito de entrada para los colombianos de llevar un documento de antecedentes penales expedido por la seguridad y los servicios de inmigración, en ese momento el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Más tarde, Venezuela eliminó los requisitos de visado para los colombianos que ingresen al país. Todas estas iniciativas hacen que sea más fácil para los refugiados acceder a la seguridad en los países vecinos.

El gobierno colombiano respondió a estos movimientos, ofreciendo una pequeña contribución, 500.000 dólares, para apoyar a los refugiados en Ecuador. Era la primera vez que el gobierno colombiano reconocía las dificultades que enfrentan las víctimas del conflicto armado, que se vieron obligados a buscar asilo en el extranjero, y los esfuerzos realizados por los estados vecinos que asisten a estas poblaciones.

La presentación del proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el parlamento colombiano a finales de 2011 fue otra señal de que el gobierno se mueve en la dirección de la paz, la repatriación y la reconciliación. Por primera vez se abrió el debate sobre el marco para abordar la situación de las víctimas que viven fuera de Colombia.

El tema de reparaciones a los refugiados fue en gran parte ignorado por el gobierno. Dicho esto, durante los primeros seis meses de 2012, se ha avanzado ya que las instituciones responsables del registro e indemnización de las víctimas, como la devolución de las tierras robadas, consultaron con organismos y organizaciones que trabajan fuera de Colombia.

El regreso seguro a Colombia. Uno de los retos de futuro más importantes que enfrentan los colombianos desplazados por la fuerza es la posibilidad de su regreso a casa. Antes de que esto pueda tener lugar, los refugiados deben recibir información adecuada sobre la situación de los derechos humanos en su país. A pesar de ello, todas las decisiones relativas a su repatriación debe ser voluntaria.

Contrariamente a la creencia popular, el conflicto en Colombia no ha terminado y algunas poblaciones todavía están en riesgo de violaciones de derechos humanos fundamentales. Los grupos armados sucesores de los grupos paramilitares de extrema derecha todavía mantienen el control sobre vastas extensiones de tierra, y aun en medio de las negociaciones de paz, persisten los enfrentamientos armados. Por otra parte, el grupo guerrillero de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no ha iniciado formalmente las negociaciones de paz con el gobierno.

En virtud de la Declaración de Cartagena de 1984 sobre los refugiados, los estados están obligados a considerar la "violencia generalizada" como motivo para conceder asilo en su territorio. Para poner esto en perspectiva, mientras Colombia no sea un país seguro para sus ciudadanos, estos deben poder acceder al asilo en los países vecinos. Sin embargo, su ausencia en Colombia no debería excluir a todos los colombianos desplazados por la fuerza - sin importar su condición migratoria- de ser parte del debate sobre el futuro del país, sobre todo en cuestiones relacionadas con la reparación y la justicia.

Luis Fernando Gómez, coordinador regional de incidencia política del JRS Latinoamérica y Caribe