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América Latina: Desafíos en la frontera colombo-venezolana
12 octubre 2012

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, el número real de personas que han sido desplazadas por el conflicto colombiano desde mediados de la década de los 80 supera los cinco millones. Aparte, más de 600.000 personas han cruzado la frontera hacia los países vecinos como refugiados. (JRS Venezuela)
Un total de 2.574 refugiados y desplazados fueron identificados, tratados y apoyados en cinco ciudades.
Bogotá, 12 de octubre de 2012 - El mes pasado, la oficina del Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y Caribe puso en marcha el proyecto de Prevención de la violencia y restauración de los derechos de las personas desplazadas y de los refugiados en la frontera colombo-venezolana, una iniciativa apoyada por la Fundación Alboan y el Gobierno Vasco, de España.

Este proyecto tiene como objetivo continuar la labor realizada anteriormente por el JRS en Barrancabermeja, San Pablo y Cúcuta, en Colombia, y Ureña y El Nula, en Venezuela. En estas áreas, el JRS ofrece acompañamiento y apoyo globales, desde una perspectiva binacional, a miles de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes desplazados o refugiados.

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el número real de personas que han sido desplazadas por el conflicto colombiano desde mediados de la década de los 80 supera los cinco millones. Además, más de 600.000 personas han cruzado la frontera hacia países vecinos como refugiados.

De acuerdo con cifras de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), 54.965 refugiados, en su mayoría de Colombia, viven en Ecuador. En Panamá, hay 15.000 personas necesitadas de protección internacional. En Brasil, el número ha crecido en un 300 por ciento en los últimos dos años, y en Venezuela, hay más de 200.000 personas en necesidad de protección internacional.

En Venezuela, uno de los vacíos en cuanto a protección es la negación de la condición de refugiado o la dificultad para acceder al proceso de determinación. En Colombia, el desplazamiento continúa y la gente no puede acceder a soluciones duraderas que les permitan vivir con dignidad. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad de estas personas de defender y ejercer sus derechos humanos ante las autoridades competentes, con el apoyo de organizaciones de base fuertes.

Otro de los problemas presentes en la región es el riesgo de que los niños y los jóvenes queden involucrados en las diferentes manifestaciones del conflicto armado, que a menudo da lugar a que abandonen la escuela, y en la pérdida de la estructura familiar. Una vez identificado el problema, el proyecto también incidirá en la educación comunitaria.

Además, habrá actividades regionales de investigación e incidencia que, en combinación con las actividades de sensibilización, comunicación y educación, aumentará la conciencia de las dificultades que a diario enfrentan las víctimas de los conflictos, facilitar su integración en las comunidades locales, y prevenir la violencia.

Una mirada hacia atrás. La primera fase del proyecto se llevó a cabo de 2010 a 2011. Durante este tiempo, los refugiados y las personas desplazadas aprendieron sobre sus derechos, así como las maneras en que podrían exigir su cumplimiento.

Un total de 2.574 refugiados y desplazados fueron identificados, tratados y apoyados en cinco ciudades. 1.856 personas (de los cuales el 62 por ciento son mujeres) recibieron asistencia humanitaria de emergencia, asesoramiento legal y atención psicosocial. Más de 1.235 personas (el 52 por ciento de los cuales son mujeres), incluidos los líderes de la comunidad como de personas a la espera de una resolución de sus estatus de refugiado, participaron en 95 talleres de capacitación y reuniones de coordinación para reforzar los mecanismos de protección, promover sus derechos y apoyar los procesos de integración local.

"Nuestro apoyo a las familias fue integral y global con el fin de asegurar su sostenibilidad en Venezuela. Este apoyo integral dura a lo largo de todo el proceso: desde entrevista inicial hasta la concesión de un documento provisional, encontrarles una vivienda disponible con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones, así como facilitar el acceso a la educación, la salud, microcréditos, asesoramiento legal, y el seguimiento de cada caso ", dijo Ingrid Bournat, psicóloga a cargo del equipo del JRS en Táchira, Venezuela.

El JRS proporciona información a las entidades públicas con respecto a la situación de los refugiados y otras personas desplazadas para que su asistencia y ayuda tengan en cuenta las prioridades identificadas. El JRS también proporciona capacitación y asistencia técnica a los funcionarios públicos en el diseño e implementación de políticas, planes y programas para las víctimas de la migración forzosa.

Los resultados de esta primera intervención permitirán al JRS hacer un seguimiento de las lagunas en protección y de las capacidades disponibles para actuar en situaciones de emergencia humanitaria en la frontera. Además, el JRS llevó a cabo 75 acciones para informar a la opinión pública acerca de las diversas cuestiones que afectan a los refugiados y a las personas desplazadas.

En todo el proceso, la población refugiada es el motor del desarrollo de todas las actividades. Su disposición, apoyo (muchos ofrecen sus casas para ofrecer servicios y talleres), y orientación sobre situaciones nuevas o imprevistas, ha acelerado la formulación de nuevas propuestas y de cambios en las intervenciones existentes.

El objetivo es capacitar a los refugiados a defender sus derechos y, en definitiva, mejorar su propio nivel de vida.

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User reflections
Animo a todos los que trabajan en el JRS por la labor que están realizando. Gracias a gente como ellos a lo mejor algún día conseguimos "un mundo mejor"
Montse Romera - Jesuit Refugee Service International Office - noviembre 04, 2012
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